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Ene

La batalla por la hegemonía

“El objetivo del gobierno constitucional es el de conservar la República: el del gobierno revolucionario es el de fundarla. La Revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos; la Constitución es el régimen de la libertad victoriosa y serena. El gobierno revolucionario necesita una actividad extraordinaria por estar, precisamente, en guerra. Se ve sometido a reglas menos uniformes y menos rigurosas, porque las circunstancias en las que se encuentra son tormentosas y móviles; y, sobre todo, porque se ve obligado a desplegar sin respiro recursos nuevos y veloces para hacer frente a peligros nuevos y urgentes. El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil; y el gobierno revolucionario de la libertad pública. En situaciones de régimen constitucional basta, prácticamente, con proteger a los individuos de los abusos del poder público; bajo el régimen revolucionario, el poder público debe defenderse a sí mismo de todas las facciones que lo atacan”.

Robespierre

Después de la primera sesión parlamentaria de la nueva Asamblea Nacional en manos de la oposición venezolana, hay que prestar mucha atención al discurso político que se pretende imponer por su parte: el de la sociedad de consenso, sin conflictos, donde apuestan al fin de la hegemonía como forma de hacer política.

Un procedimiento “normal” para los que se acostumbraron a la supuesta estabilidad del Pacto de Punto Fijo y la democracia representativa. Hoy potenciados por la tesis de que la derecha y la izquierda son categorías de análisis del pasado. Lo cual tiene total sentido si se ve desde el prisma político que ellos representan: partidos políticos donde no existen divergencias ideológicas, sino pragmáticas en cuanto a la aplicación o no de los paquetes liberales exportados desde los centros del mundo, donde no se debate proyectos fundacionales de la República y su soberanía, sino ver cuántos puntos del Consenso de Washington se pueden volver a aplicar para “salvar” la economía.

Recordando que para el gobierno tecnócrata-liberal, no se trata de resolver la crisis sociales ni aplicarle paliativos, sino de lograr un equilibrio en el mercado que garantice la inversión y ganancia del capital extranjero trasnacional con el que siempre han mantenido buena relación.

Ante ello, tenemos que tener plena consciencia que los conceptos en política no son neutros, y su establecimiento en la sociedad responden al control o al monopolio de las ideas legítimas desde los espacios de poder. De no ser así, no es que los conceptos no tengan significado, pero pasan a ser solo representaciones del mundo de sujetos particulares sin posibilidades de ejercer un cambio en la estructura política real, he ahí la batalla por la hegemonía del proyecto, he ahí la verdadera batalla política.

Es por ello, que el proceso bolivariano no puede ceder espacios en la lucha por los significados y significantes del Estado, sino, se arriesgaría a perder ante los sectores reaccionarios los avances en la democracia participativa, entre otros elementos que han formado parte de su discurso transversal de transformación como parte del proyecto político del Socialismo del Siglo XXI.

Asimismo, el nuevo parlamento como un espacio legal y legítimo del Estado, tiene la posibilidad de imponer formas de dominación a los saberes, lenguajes y al imaginario colectivo general de la población, lo que puede llegar a generar un nuevo “orden natural” de las cosas, tanto simbólico como real, para muestra de ello el reciente episodio de los cuadros de Bolívar en el hemiciclo.

Sin embargo, la limitante esencial de la democracia representativa, a la cual apuesta la oposición venezolana, es el hecho de ver la política  como un proceso de mero consumo y no de producción. Es decir, se generan productos desechables de marketing, pero no se abocan a producir la consciencia histórica del sujeto y su responsabilidad con el acto.

Lo que genera una deformación nefasta del ejercicio democrático de la elección, porque a diferencia del consumo en la compra de una franela, donde si no te gusta más, simplemente te cambias de ropa, en el “mercado político” se “intercambia bienes sociales de naturaleza social inconmensurables”.

Por lo que en la elección política no existe ese “cambio de ropa”, sino que tiene que existir la madures de asumir la decisión durante un plazo no determinadio, que además repercute en el resto de la población también, por lo cual, la estrategia electoral de apostar a “el cambio” abstracto, como posibilidad individualizada de cada elector de darle el significado concreto que quisiera, traerá sin duda grandes distorsiones entre las expectativas y la realidad de lo que se espera ejecute el nuevo poder parlamentario.

Aquí, de nuevo, como sucede a lo largo de cada coyuntura en la que tropieza nuestro proyecto-país, se enfrentan dos modelos antagónicos:

Los que consideran que el voto se genera “puro” y como un cúmulo de elecciones individuales y privadas, sin tener en cuenta el proceso educativo, de deformación profesional y de las fuerzas sociales que pugnan en la trayectoria del individuo en cuestión; es decir, los que niegan la hegemonía. Y los que apuestan a la producción colectiva de la elección, en donde se tiene la virtud dialógica de formar opiniones y posiciones políticas a través de la deconstrucción y re-construcción de las fuerzas que determinan los compartimientos sociales y sus modelos económicos.

Esto último, que sin duda quedo relegado a un segundo plano y se tradujo en la protesta combativa y silenciosa del que sin llegar a votar por la oposición, voto nulo o simplemente se abstuvo, por sentir el alejamiento de la elite política de la realidad de la base de su partido y sus electores en general.

Otro punto de quiebre, entre dos modelos antagónicos, el cual Álvaro García Linera, caracteriza con extrema lucidez, es que para que el “mercado político” funcione en países como el nuestro, de forma efectiva, como los asesores de marketing político de la oposición aseguran que lo harán, tiene que existir un “mercado” no distorsionado de bienes simbólicos: el apoyo político a través del voto a cambio de ofertas de políticas públicas potencialmente realizables.

Pero para que ello ocurra, hay que asegurar un mínimo de garantías sociales y de reproducción material, para que la comunidad en cuestión pueda disponer de un mínimo tiempo para su información y discusión de dichas políticas públicas y puedan, entonces, ingresar al “mercado político” en condición de intercambiar bienes simbólicos.

La cuestión, es que en Venezuela, donde la oposición no garantiza ni el tiempo mínimo de intervención política, ni las condiciones básicas de reproducción material, el elector asiste a las urnas bajo la impaciente premisa de garantizar sus recursos básicos de existencia, lo que genera una deformación del “mercado”. Ya no se intercambian bienes simbólicos por bienes simbólicos, sino que el elector ofrece el voto como objeto simbólico a cambio de una oferta electoral que se traduzca en un bien material inmediato; característica fundamental del clientelismo (García, 2009).

Ante esta trampa, nos enfrentamos a dos formas de entender los derechos sociales conquistados por el Estado Moderno de Derecho. Y Ambas pasan por el filtro de las Misiones Sociales en Venezuela.

El primer llamado de atención es entender que las Misiones Sociales en sí mismas no son revolucionarias, aunque sí son un proyecto político-social en cuanto a la intención de distribución de la renta petrolera.

El segundo llamado, es comprender, que se pueden cuestionar las formas burocráticas en las que han devenido las Misiones, pero no negar el hecho material que nos llevó a crearlas: necesidades escolares, alimentarias y de viviendas, heredadas por el desmadre de la crisis de partido y retroceso del Estado de la última década del siglo XX.

En este sentido, es tarea del proyecto político bolivariano, transcender la idea de que las políticas sociales, pueden ser utilizadas como clásicamente han sido utilizadas por el llamado Estado de Bienestar; esto es: una forma de control social del Estado, para desarticular el movimiento popular y aplicar un tratamiento clínico e individual a la pobreza, que en última instancia hace parecer que el sujeto pobre parezca el único culpable de su desgracia y no que es a causa de un sistema productivo que genera una distribución desigual de la riqueza.

Esta labor titánica, de romper con las formas de coacción que el Estado históricamente ha reproducido, pasa por ver las misiones sociales, no como políticas clientelares y demagógicas, donde se le otorgan a los individuos prebendas del Estado en objetos materiales directos, sin ningún tipo de retroalimentación social y político, de discusión o contribución al proyecto político, que en última instancia han terminado en la burocracia y corrupción que hoy por hoy tiene en jaque al proyecto revolucionario.

Sino por el contrario, verlo como políticas instrumentales, donde se le otorga a las comunidades las herramientas para que puedan garantizar la reproducción de sus condiciones de vida como parte del imaginario de la distribución más equitativa de la renta del país.

Asimismo, pasa por no abandonar los sectores conquistados. En América Latina en general, no es un secreto, que en el auge de los gobiernos progresistas, las clases bajas son clases en ascenso, la cuestión natural de este hecho es que una vez que están mejores acondicionadas tienen otros objetivos en la realización de sus condiciones materiales.

Tú no sacas a alguien de la pobreza extrema, le das un apartamento y te olvidas de él cuando te exige mejora de los servicios de agua y seguridad en su zona, sólo porque todavía falta otorgar más viviendas. Eso es regalarle el capital político a las ideas liberales del supuesto desarrollo para todos, que sabemos, son una estafa del mito del progreso.

Hay que potenciar la conciencia social, la participación activa de la población beneficiada y no permitir el secuestro de las Misiones Sociales como un mero acto tecnocrático de pacificación fiscal por la oposición venezolana, a la par de eliminar la coacción que la elite política del proyecto pretende hacer con el movimiento popular.

Asimismo, la reconquista de la democracia participativa, bandera principal del proyecto bolivariano que nos llevó a enfrenarnos de manera temprana (2001) con los proyectos coloniales de integración latinoamericana creados desde Washington, pasa por una democratización de las elecciones de gobernanza, que a su vez se ejercerá de manera efectiva en el reencuentro de los funcionarios del Estado y los líderes de partido con las comunidades y sus bases políticas.

La democracia participativa es tangible cuando cada vez hay más personas que desean intervenir en la dirección general de la sociedad, sujetos históricos que generalmente no provienen de las estructuras institucionales, sino directamente forjados en sus comunidades y espacios de acción comunes, particularmente organizados en Movimientos Sociales de corte comunitario; hablamos de democracia participativa cuando se da la invasión real y simbólica del espacio público y sus funciones por parte de colectividades sociales históricamente mantenidas al margen de las decisiones políticas.

En ese aspecto tenemos que marcar franca distancia con el argumento clásico de la democracia representativa: la democracia como posibilidad de votar.

Si bien comprendo el motivo comunicacional de expresar de manera continua y repetida la cantidad de elecciones que se han realizado en los años de gobierno, como forma de demostrar que se les ha ganado en su terreno al espectro político conservador; tenemos que trascender esa manera de ver la política, no se trata sólo de elegir quienes han de monopolizar el capital político, sino que podamos participar de manera activa en la toma de decisiones e interpelar los errores de ser necesario.

En este sentido, el gobierno tiene una ventaja incuestionable ante una oposición que contrario a ello, apuesta a un sujeto despolitizado y voluntarioso, en vez de un militante político. Preñados de la visión europea de la clase media que apuesta al agrupamiento vertical en ONG’s que sirven como fachada para el financiamiento de la “democracia” desde Estados Unidos.

Contrario a eso, es tarea del gobierno permitir una participación más horizontal del movimiento popular en las políticas públicas. Eso pasa por el reencuentro de los actores políticos con sus comunidades en “estado natural”. Sin el marketing de las transmisiones en vivo, sin largas caravanas de camionetas y escoltas, sin la lista de asistentes previamente seleccionados que en su mayoría no representan a dicha comunidad y con la humildad de escuchar las críticas y autocríticas de un movimiento popular comprometido y aceptando de unas vez por todas el error político que implicó, de cara al 6D, imponer candidatos por encima de la decisión de la base.

Será esa conexión directa con el pueblo, la que permita la discusión colectiva de diferendos y la que ayudará a recobrar la confianza de una base política que se encuentra ampliamente desmoralizada. Lo contrario sería atentar sin escrúpulos contra la irreversibilidad del proyecto político que está en boga.

Asimismo, hay que reconocer que existe una visible contradicción entre las políticas del Estado y el comportamiento de algunos funcionarios, particularmente los que ejercen desde el poder constituido, donde se vienen reproduciendo prácticas nepóticas, burocráticas, autoritarias y exclusivas.

Tiene que existir una purga interna del partido y exponer de manera pública y ante la ley, los funcionarios que hayan incurrido en prácticas ilícitas, que en última instancia han sido participes directos de la erosión de las bases del proyecto político bolivariano.

Dado esto, no podemos dudar que lo que se encuentra en pugna no es sólo el control del Poder Parlamentario o del Ejecutivo, sino el monopolio de los espacios legítimos y la construcción de sus significados y significantes, que generaran la hegemonía o no, de dos proyectos políticos que se encuentran en franca oposición.

 

*Artículo revisado y corregido en diciembre 2017 para su publicación en este portal.


Referencias bibliográficas:

–  García, Á. (2015). Democracia, Estado, Nación. Editorial Trinchera.

– Valdez, J. (2013). Movimientos Sociales en Venezuela: una propuesta transformadora. Fundación Editorial El Perro y la Rana.

– Zibechi, R. (2011). Territorios en resistencia; cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. BALADRE.