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Jul

¿Cuál es el pacto social que ofrece la constituyente?

“En ciertas democracias novicias, que parecen llamarse repúblicas por burla, los Congresos hormiguean de mansos protegidos de las oligarquías dominantes”

José Ingenieros

“El pacto” como lo describe Hobbes[1], es un contrato donde uno de los contratantes se encuentra dispuesto a ceder su parte del acuerdo de manera inmediata a cambio de la promesa futura del otro de cumplir con los compromisos acordados.

En estos términos, el Estado se nos plantea como el gran garante de hacer cumplir todos los pactos sociales establecidos, incluyendo aquel mediante el cual, el Soberano, donde reside el Poder Originario, cede voluntariamente ante el Estado el dominio en materias de orden público, jurídico, judicial y económico, sometiéndose al monopolio de la violencia legítima del Estado, a cambio de la promesa del Gobierno de turno de manejar estos poderes de manera eficaz.

La constitución de 1999 viene a ser en este sentido un gran pacto social, que contó con la participación de amplios sectores de la sociedad y el aval del Soberano tanto para que la Asamblea Nacional Constituyente pudiese iniciar sus funciones como para legitimar el texto final que se constituyó en una nueva Carta Magna.

El escenario actual es totalmente disímil de aquel, de entrada porque no se ha tomado en cuenta la participación del Poder Originario, sino que por el contrario, el Ejecutivo se ha atribuido funciones a través del ejercicio indirecto de la soberanía, yendo así en detrimento de la progresividad de los derechos y en menoscabo de la democracia participativa y protagónica que instaurara el proyecto político bolivariano.

Además, se han creado unas bases comiciales que eliminan la universalidad del voto, corporativizando el mismo a través de sectores sociales arbitrariamente construidos y modificando la territorialidad del mismo, hasta niveles irrisorios de proporcionalidad.

¿Cuál es el pacto social que ofrece la nueva Asamblea Nacional Constituyente?

 

Para nosotros, se trata de la intención de la burguesía emergente del chavismo de intentar realizar un pacto con las bases trabajadoras y los movimientos populares de la izquierda nacional que legitimen lo que ellos han venido a llamar un “modelo económico postpetrolero”.

No porque se tengan intenciones reales de superar el rentismo, sino que se trata de establecer nuevos límites y modelos de distribución de la renta en el escenario de caída de los precios internacionales del petróleo, sin que esto signifique una afectación de su modelo particular de acumulación.

Se trata así de pasar de ser una burguesía emergente con influencia política, a ser una clase política dominante y para ello, motivado al ejercicio completamente rapaz que hacen de sus funciones, se ha vuelto necesario quebrar el Estado de derecho conocido y la formación republicana dada al país, creando un ente supraconstitucional, supraestatal y suprasocial que permita realizar de facto el ejercicio de esta hegemonía sin las trabas burocráticas y legales de la división de poderes y normas establecidas en la Constitución Bolivariana de 1999.

En la supuesta defensa de los intereses nacionales y los postulados de la izquierda venezolana, el cálculo del pacto que ha realizado esta  burguesía emergente parece relativamente sencillo: se trata de legitimar prácticas cultoras, laborales, económicas, entre otras, de las fracciones de los movimientos de base que han decidido participar, las cuales, a ciencia cierta no representan alternativas hegemónicas para la situación estructural de la economía venezolana y que por tanto, vienen a ser prebendas electorales que no se traducen en grandes costos económicos en la distribución de la renta para ellos, pero si grandes realizaciones simbólicas que en otros gobiernos de orientaciones doctrinarias distintas no tendrían cabida, a cambio de que estos movimientos de base legitimen un modelo de distribución de la renta que beneficie al parasitismo rentístico de esta nueva burguesía.

Las prácticas del gobierno en la actualidad no son de izquierda y estas bases políticas lo saben, sin embargo, el pragmatismo existencial de algunos los ha llevado a legitimar cualquier práctica de la dirigencia, inclusive aquellas que van en contra del proyecto histórico.

Por supuesto, existen honradas excepciones entre los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, que vislumbran esta contradicción y cuyo objetivo militante de la participación radica en no abandonar los espacios ante el escenario planteado,  sin embargo, a nuestro juicio, es mayor el costo de la legitimación de este nuevo pacto social, que la función realmente denunciativa que se pueda dar en el seno de dicha asamblea.

Es cierto, por otro lado, que existe un escenario de escalada de violencia política que amenaza con situarnos en un conflicto fratricida de “baja” intensidad. No obstante, el estado de naturaleza, derivado de la propia incompetencia del Leviatán para garantizar el pacto social, no puede devenir en un “cheque en blanco” de parte de la población para que el Estado imponga cualquier clase de orden, más, cuando este “nuevo” orden se pretende ejecutar a favor de una clase económica políticamente influyente que quiere pasar a ser políticamente dominante.

En este sentido, los movimientos populares que tributan a la Asamblea Nacional Constituyente, han privilegiado la función ontológica de la representación sobre la función óntica de la misma. Esto significa que con tal de tener un ápice de participación en la dinámica política y económica nacional, han sucumbido a ser representados por un sector cuyo accionar, tributa en sentido completamente opuesto de sus postulados.

Por ende, la Asamblea Nacional Constituyente viene a situarse como un pacto social entre una clase económicamente emergente a costa de la hegemonía simbólica y material del ejercicio político y la captación de la renta y una clase históricamente excluida, cuya oportunidad de participación le ha resultado más vital que el sostenimiento del Estado de derecho y el orden republicano conocido.

Lo que obvian estos últimos, es que para los primeros son sólo aliados circunstanciales. Hoy el enemigo de esta burguesía emergente es la derecha política representada en la oposición y su burguesía “tradicional”, la cual en algún momento también fue emergente a costa del Estado. Pero mañana su enemigo pueden ser los mismos movimientos que hoy la apoyan, como dijimos antes: su verdadero enemigo es todo aquel que amenace su modelo de acumulación a través del Estado y por ende, su porción de la renta petrolera.


[1] Ver: Hobbes, T. El Leviatán.