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Dic

Trama PDVSA: Estado Neoliberal Militar

El estudio del Estado Neoliberal Militar fue la aproximación, en un estilo tosco y barroco, al proceso de transición política que viene sufriendo el Estado venezolano en los últimos años, donde se viene desvirtuando el rol del Estado como soberano sobre los recursos naturales y se empieza a reforzar la apropiación privada directa de renta de ciertos agentes en el poder.

En el año 2016, con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) se dio “el acto”. Disputas como la ocurrida con Luisa Ortega, eran algunas complicaciones de la gestación, el proceso necesario de dejar los viejos hábitos. Con el anuncio del cambio en el modelo de pago de la deuda, el más reciente conflicto en PDVSA y el anunció de la candidatura presidencial para el 2018, presenciamos, sin más, el nacimiento del Madurismo.

Contrario a lo que algunos analistas consideran que son prebendas al sector militar, se trata de la consolidación de un modelo de apropiación, claramente planificado, donde un estamento de la nación, en este caso el militar, hegemoniza la representación de toda la nación misma.

Un monopolio absoluto de los medios de producción, del proceso de apropiación de la naturaleza, del proceso productivo y de la distribución de estos resultados. Es decir, un monopolio de las relaciones de producción en sentido amplío, cuyo régimen de propiedad, si bien es estatal en la forma, en la práctica, es exclusivo del estamento militar.

Este proceso, no se puede entender sin incluir el viraje geopolítico que representó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (ZDE-AMO), cuyo máximo responsable, hay que recordar, era el ahora detenido y para ese entonces presidente de PDVSA y ministro de petróleo y minería, Eulogio del Pino.

Con la creación de la ZDE-AMO se hace evidente que ante la caída de precios internacionales del crudo, sumado a la baja en la producción del Estado venezolano, el Ejecutivo realizó un giro hacia los grupos económicos de poder de los países del centro mundial, los mismos que años antes habían sido excluidos de la posibilidad de apropiar renta en los procesos extractivos del país.

Pero además, con la creación de la ZDE-AMO y de la CAMIMPEG se da un viraje en la concepción del desarrollo nacional. El Estado venezolano sigue siendo soberano en cuanto a la propiedad que ejerce sobre estos recursos, lo que en última instancia le permite captar la renta de la tierra, sin embargo, esta renta pasa a ser apropiada a título personal por un estamento específico.

Aparte, con la creación del ZDE-AMO se tergiversan las funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte del proceso de hipertrofia que sufre esta en esta transición política.

Las FF.AA, y en particular la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tienen la responsabilidad de conducir las operaciones de control interno del país, pero estos cuerpos ya no ejecutan la defensa integral de los intereses de toda la nación, sino que también realizan planes de defensa para custodiar los intereses de clase particulares que rodean a estas compañías.

Es decir, que el monopolio de la violencia es utilizado para legitimar la apropiación privada de la renta pública. Ya que los principales responsables de dirigir dicho monopolio, pasan a ser de facto, los encargados directos de estos medios de producción, lo que refuerza en la forma la estructura del Estado, pero desvirtúa sus fines primarios.

Por ello no resulta casual que, en el marco de un llamado a un proceso de restructuración y refinanciamiento de la deuda, se nombre a un Mayor General de la GNB como Presidente de la principal fuente de divisas del país, por supuesto hablamos del nombramiento de Manuel Quevedo al frente de PDVSA.

Quevedo, a quien no se le conoce experiencia en el ámbito petrolero, representa el “garrote”. La necesidad del capital financiero internacional y de un sector de los grupos de poder nacionales, de lograr reproducir sus capitales sin importar el grado de complejidad sociopolítica del país. Es por ello que sus primeras declaraciones apuntan a que la empresa petrolera tiene “los recursos disponibles, el flujo de caja suficiente y la producción” necesaria para seguir honrando sus compromisos.

En este escenario, hay que entender que la persecución a la corrupción no representa una batalla ética, sino práctica, no está basada en supuestos axiológicos, sino en decisiones concernientes a la economía política.

Qué la persecución a la corrupción inicie en PDVSA, contra un ala civil, sólo es el desenlace de un modelo de acumulación agotado. Este agotamiento viene acompañado de un viraje geopolítico del Ejecutivo hacía el capital financiero internacional y la lucha que genera la necesidad de los grupos internos de poder de reproducir su acumulación de capital ante la merma de los ingresos rentísticos.

*Artículo publicado en Revista Florencia el 4/12/17.