08
May

¿Existe la posibilidad de un estallido social en Venezuela?

A medida que avanza la crisis económica en Venezuela, con su consecuente deterioro sociopolítico a cuestas, se hace necesario formular la siguiente pregunta ¿Existe la posibilidad de un estallido social en Venezuela?

Veamos:

En otro espacio asomábamos la posibilidad de que el colapso económico en Venezuela no necesariamente se tendría que traducir en un colapso del Gobierno de Nicolás Maduro; esto debido a las condiciones objetivas de gobernabilidad política que sostienen a un país de estructura económica rentista en un proceso de transición hacía un autoritarismo hegemónico.

Como mencionábamos en esa oportunidad, existen cuatro motivos por los que un gobierno autocrático en un país rentista puede sobrevivir a un colapso económico, a saber:

  1. El modelo de acumulación del Estado venezolano no depende en stricto sensu de su población.
  2. Ausencia de contrapesos institucionales y carencia de un sistema de partidos fuerte que limite la acción del Gobierno.
  3. Predisposición a la represión de la protesta de los actores que carguen con los costos económicos.
  4. Distanciamiento de la necesidad de la legitimidad de origen obtenida en los procesos electorales.

Ahora, no es lo mismo la predisposición de un Gobierno a utilizar el monopolio legítimo de la violencia del Estado en contra de la protesta de la oposición política, a utilizar este mismo monopolio de la violencia en contra de los actores sociales que carguen con los costos económicos de las políticas del Gobierno.

¿Qué sucede si los costos de la represión social son muy elevados?

En efecto puede ocurrir que las condiciones socioeconómicas presionen la irrupción de un estallido social “espontáneo” de parte de los actores sociales que cargan con los costos económicos de las políticas implementadas por el Gobierno.

En caso de que este estallido social se dé de manera caótica y violenta, los costos de la represión sí podrían someter al Gobierno a una paulatina crisis de gobernabilidad, ya sea porque la represión produzca un efecto expansivo sobre la protesta -echarle gasolina al fuego- o porque el costo de la represión haga que los aliados del gobierno opten por distanciarse de dicha coalición.

Un caso paradigmático de estudio de esta situación es el 27 de febrero de 1989, mejor conocido como El Caracazo.

Caracazo como hecho histórico precedente

En la política venezolana contemporánea pocos hechos sociopolíticos están tan marcados en la conciencia del venezolano como El Caracazo. A tal punto que este hecho histórico parece proyectarse como tipo ideal al momento de caracterizar un estallido social ejecutado por actores sociales que cargan con los costos económicos de las políticas implementadas por un Gobierno.

Sin embargo, se vuelve necesario destacar cuales son las condiciones objetivas y subjetivas que envolvieron este fenómeno social para determinar si es posible o no su reproducción en el tiempo. Siguiendo el estudio de López (2006) de manera resumida, podemos decir lo siguiente:

  1. Percepción de la población hacia la represión desmedida del Estado: Revuelta de Mérida (1987) y la Masacre de El Amparo (1988).
  2. Proceso de descentralización del Estado a través de la COPRE (1989).
  3. Condiciones sociales adversas: En 1989 el 44,44% de los hogares venezolanos se encontraban en condición de pobreza, de los cuales 20,07% se hallaban en condición de pobreza extrema.
  4. Indicadores macroeconómicos desfavorables: -3,51% de caída del PIB y una inflación anual de 84,47%.
  5. Clase trabajadora depauperizada: 9,60% de desempleo y 39,70% de la población económicamente activa ocupada en el sector informal.
  6. Escases de productos como consecuencia del acaparamiento de los comerciantes ante la expectativa de la liberación de precios.
  7. Conflictos internos dentro de la Policía Metropolitana.
  8. Ausencia gubernamental de cualquier autoridad política en las primeras 30 horas del conflicto.

Además, para detallar la magnitud de lo que significó el Caracazo como estallido social a nivel de pérdidas humanas y materiales, citaremos en extenso a López (2006):

Según el estudio de Briceño León (1990) el 87% de los fallecidos fueron hombres, su edad promedio era de 27 años, 95% eran venezolanos y 83% no tenían antecedentes penales; 85,8% de las muertes se dieron por armas de fuego y 11,9% por causas no registradas. De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios para la Paz de la UCV (1999), de 266 cadáveres que mostraron heridas por armas de fuego, más del 60% murieron por balazos localizados o bien el tórax (35,71%) o bien en la cabeza (29,32%). De estos cadáveres, 211 tenían un solo disparo (79,2%), mientras 39 tenían dos (14,66%) (…) En pérdidas materiales, el inventario oficial para las zonas críticas de Caracas, Petare y el Literal Central registró la destrucción de 900 bodegas, 131 abastos, 60 supermercados, 95 ferreterías, 72 papelerías y 850 negocios diversos. En los Estados Miranda, Aragua y Carabobo, se informó de 784 establecimientos destruidos.

Estas cruentas cifras, sumadas a las condiciones económicas existentes y un plan de estabilización de la economía que hacía cargar a los más desfavorecidos con el costo de las políticas sectoriales, motivaron una importante ruptura en la hegemonía política del Gobierno primero (elecciones 1989 y 1992), una severa crisis de gobernabilidad después (Intentos de golpes de Estado en Febrero y Noviembre de 1992), lo que se tradujo en un cambio sustancial en el Gobierno (Salida de Pérez vía antejuicio de mérito en 1993), la posterior caída del bipartidismo en manos de un político tradicional (Llegada a la presidencia de Rafael Caldera con el Partido Convergencia) y por último, la pérdida total de la hegemonía política por parte de los partidos y actores tradicionales (Llegada a Presidencia del Presidente Hugo Chávez en 1998).

¿Existe la posibilidad de un estallido social en Venezuela?

Los hechos sociales no pueden repetirse como calco y copia a lo largo de la historia únicamente “repitiendo” las condiciones que los rodean como si se tratara de una receta infalible, sin embargo, estos estudios sirven de referencia comparativa para intentar prever los posibles escenarios de ciertas coyunturas.

En este sentido, y teniendo en cuenta la grave crisis económica que genera el conflicto sociopolítico en la Venezuela actual, se vuelve legitima la pregunta de si existe la posibilidad de un estallido social en Venezuela.

Lo primero que hay que decir es que los actores sociales son los que tienen que pagar el mayor costo en estos escenarios: por un lado, son los encargados de llevar a cuesta la depauperización constante de sus condiciones materiales de vida, y por el otro, la protesta como vía de expresión de su inconformidad, cuando se sabe puede ser reprimida, carga sobre ellos un costo invaluable: poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, en los últimos años hemos visto en el país continuas expresiones de protesta motivadas por el malestar social, tales como las de MéridaMaracay y Bolívar, entre otras,  que si bien no han llegado a las magnitudes del Caracazo, son importantes porque reflejan las corrientes “subterráneas” del malestar y la respuesta del Gobierno ante estos escenarios.

Impunidad como política de Estado

Existen estudios como el de Corrales y Penfold (2012) que intentan explicar la impunidad como una forma de conseguir apoyos políticos de grupos poderosos: militares, burócratas y grupos empresariales. Sin embargo, cuando se trata de la protesta social, al menos en la escala observada hasta ahora, el sistema de impunidad se “plebeyisa” y el Gobierno Nacional, a sabiendas de los costos políticos que implica la represión, permite la impunidad del saqueo y sólo ejerce el monopolio de la violencia legítima del Estado posterior a los sucesos, intentando acordar el pago de los perjuicios materiales directamente con los afectados, a la par de darle un tratamiento clínico a los posibles focos de protesta social a través de la geolocalización del Carnet de la Patria.

En conclusión, en la Venezuela actual, el agravamiento de las condiciones socioeconómicas y las pocas alternativas de expresión jurídica y política de este malestar, ejercen una fuerte presión en el resquebrajamiento del tejido social, lo que puede motivar una expresión espontanea del malestar social. Sin embargo, en la práctica, este malestar se viene expresando a pequeña escala desde hace un par de años, encontrando en la impunidad la mejor estrategia del Gobierno para brindar una válvula de escape a la frustración de los actores sociales involucrados.

En este sentido, la pregunta ya no sería si existe o no la posibilidad de un estallido social en Venezuela, si no cuánto tiempo puede mantenerse el ciclo protesta/impunidad en la pequeña escala antes de que se dé una escalada en el malestar social de la población.

 

*Artículo publicado en Revista Florencia el 8/5/18


Referencias

Corrales, J. & Penfold, M. (2012). Un dragón en el trópico. La hoja del norte. Caracas, Venezuela.

López, M. (2006). Del viernes negro al referendo revocatorio. Alfadil Ediciones. Caracas, Venezuela.