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Nov

Bolivia: ¿Golpe de Estado?

En las últimas semanas hemos asistido a un escenario convulso que terminó en un golpe de Estado en uno de los países que parecía –al menos en la superficie- de los más estables de la región. De manera más inmediata, el conflicto en Bolivia aumentó su escalada repentina a partir de las polémicas elecciones del 20 de octubre, donde Evo Morales acudía con una legitimidad cuestionada y la oposición con la palabra “fraude” esperando la mínima provocación para ser evocada.

Y la provocación estuvo. En circunstancias que no quedan claras, la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue suspendida cuando Morales superaba a Mesa por un margen de siete puntos. Una vez restablecido el TREP, casi 24 horas después, la diferencia entre uno y otro candidato era cercana al 10%. En definitiva, con el escrutinio final, se sabría que el oficialismo ganaba en primera vuelta por una diferencia de 10,57% sobre el candidato perdedor, Carlos Mesa. El salto cuantitativo en la tendencia, lo justificaría el partido de Morales a través del voto rural, con el cual, se anulaba la necesidad de una segunda vuelta.

En ese escenario, la oposición boliviana, aglutinada hasta ese momento en la figura de Carlos Mesa, no dudó en catalogar la elección de fraudulenta solicitando movilizaciones de calles pidiendo desconocer los resultados de la elección. Mientras tanto, el Gobierno de Morales a través de su canciller Diego Pary, decidió de manera temprana solicitar formalmente al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, “una auditoria al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”. Ese mismo día, es decir, el 22 de octubre, Almagro notificó que la OEA aceptaba realizar un Análisis de Integridad Electoral que comprendía, entre otros aspectos “la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia”, lo cual, además, tendría que ser de “carácter vinculante para las partes actuantes en el proceso”.

El acuerdo oficial, donde el Gobierno de Morales aceptaba el Análisis de Integridad Electoral de carácter vinculante se firmaría el 30 de octubre y lo que prometía ser una victoria para Mesa, dada la propuesta de una revisión a profundidad vinculante ejecutada por un actor externo poco neutral y claramente parcializado en el continente, en realidad terminó siendo la justificación de una huida hacia delante de la oposición boliviana en la búsqueda de la anulación total de la principal fuerza política del país, representada en el MAS de Evo Morales, buscando desconocer no solamente el resultado electoral del 20 de octubre, sino también rechazando cualquier propuesta de auditoría realizada por la OEA para detectar el supuesto fraude denunciado por ellos mismos días antes.

Protestas en La Paz | Reuters, David Mercado

La radicalización de las demandas

Al separarse del camino electoral, al rechazar la auditoria de la OEA y al pretender penetrar en el campo simbólico y material de las demandas más radicales, el liderazgo de Carlos Mesa se fue diluyendo rápidamente ante la aparición del liderazgo carismático del ultraconservador católico Luis Fernando “Macho” Camacho, que encarnaba mejor la puesta en escena de dicha radicalidad.

Luis Fernando Camacho era un sujeto relativamente desconocido hasta hace pocos días, más allá de ser el Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, se trata de un outsider de la política que se declara apolítico y antipartidos. De hecho, Camacho ni siquiera había participado en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

No obstante, con un discurso histriónico, que mezcla evangelio y autoritarismo, Camacho logro desplazar al resto de los liderazgos opositores convirtiéndose en el principal vocero del radicalismo golpista, llegando a comparar su rol con el de Pablo Escobar al momento de perseguir a los traidores.

Con la radicalización de Mesa y su desplazamiento consecuente por la figura de Camacho, el giro de los acontecimientos fue radical y acelerado: la cadena equivalencia de demandas democráticas, que manifestaba inconformidad por la reelección de Morales, la falta de alternabilidad del poder, el desconocimiento al referendo del año 2016 por parte del oficialismo o la denuncia de las irregularidades en la elección del 20 de octubre, fue rápidamente absorbida y superada por demandas radicales que representaban antagonismos de clases, étnicos y religiosos, evidentemente conservadores y antidemocráticos.

Con la nueva cadena equivalencial de demandas radicales, aglutinadas principalmente en la figura mesiánica de Camacho y encausadas en una cruzada religiosa, la escalada del conflicto se hizo evidente: de la protesta inicial por los resultados electorales, se avanzó hacía la quema de casas de los principales dirigentes del MAS, la destrucción de las estructuras de organismos públicos, el secuestro y vejación de autoridades electas asociadas al partido de Gobierno y el motín de la policía que marco un punto de inflexión en el desenvolvimiento del golpe de Estado.

Motín policial en Cochabamba | Reuters, Danilo Balderrama

La solución política negada

El informe preliminar del Análisis de Integridad Electoral de la OEA, publicado el domingo 10 de noviembre, fue contundente: según las proyecciones estadísticas de los auditores responsables, es posible que Morales haya quedado en primer lugar, pero resulta improbable que haya superado el 10% necesario para evitar la segunda vuelta. Asimismo, el equipo de auditores de la OEA reconoció la presencia de diversas irregularidades en el proceso electoral, por lo que recomendaron celebrar otros comicios con nuevas autoridades electorales.

Morales, asumiendo el compromiso vinculante adquirido con anterioridad, aceptó el resultado del informe sin recelos, convocando nuevas elecciones y solicitando la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, la oposición, con cierta manipulación -entre el aprovechamiento del informe de manera parcial sin haber aceptado su vinculación inicial y evadiendo la solución política planteada- decidió acelerar el conflicto con la anuencia de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Al día de hoy puede resultar prematuro entender las verdaderas motivaciones o incentivos de las Fuerzas Armadas para “sugerir” la renuncia al Presidente en funciones cuando existía una solución política al conflicto -ya aceptada por Morales- y todavía restaban dos meses para la finalización del mandato en términos constitucionales. Pero lo cierto, más allá de las motivaciones, es que las Fuerzas Armadas intercedieron, dando el aliento definitivo para consumarse el Golpe de Estado con la renuncia del presidente Evo Morales; su vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; y varios de los Ministros del Estado boliviano.

Los hechos posteriores al Golpe -aún en pleno desarrollo- no hacen sino demostrar con mayor claridad como la cadena equivalencial de demandas, sus principales símbolos y el líder que la encarna, cambió por completo desde el momento electoral inicial: las quemas de Wiphala, la amenaza a familiares y destrucción de viviendas de la dirigencia del MAS, el fanatismo religioso de los cuerpos policiales  y líderes políticos, el llamado de la dirigencia golpista a las Fuerzas Armadas para que intercedan contra las “hordas masistas” después de haber sido convenientemente neutrales con el avance del radicalismo opositor, en fin, el revanchismo conservador y reaccionario, así lo demuestran.

Lo cierto es que hoy la gobernabilidad de Bolivia es una quimera: el Poder Ejecutivo ha sido autoproclamado sin el quórum necesario del Legislativo; no hay Poder Electoral, puesto que sus principales autoridades se encuentran detenidas; el tren ministerial se encuentra desmantelado; y como si fuese poco, se desconoce a ciencia cierta ante quien responden las Fuerzas Armadas y Policiales del país.

Insistir a estas alturas en la hegemonía de las demandas democráticas como principal combustible o incluso horizonte del golpe de Estado en Bolivia como estrategia para invicibilizarlo, relativizarlo o negarlo, no es más que un simple acto de oportunismo político ejecutado por los sectores más conservadores de la región.

 

*Artículo publicado en Revista Florencia el 13/11/2019